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“LA NUEVA CONSTITUCIÓN DEBE CONTENER UNA VISIÓN DE FUTURO POTENTE, DONDE ESTÉ VALORADO EL SER HUMANO COMO PIEDRA ANGULAR DEL DESARROLLO”

Paulo De La Fuente Paredes, Abogado

Este 2020 ha sido un año marcado por la pandemia. Sin embargo, y porque Chile lo decidió democráticamente, también ha sido año de transición hacia un 2021 que nos llevará a un proceso constituyente que culminará con la aprobación de una Nueva Constitución, asevera Paulo De La Fuente, abogado, quien conversó con nosotros sobre algunos temas de interés y la proyección de los mismos en el contexto nacional.   

Paulo es abogado, casado y padre de dos niñas. Se define como una persona autentica, optimista, perseverante y de gran determinación. Si tuviera que mencionar algún defecto nos habla inmediatamente de su carácter trabajólico. Durante el desarrollo de esta entrevista, y en palabras de quien escribe, pudimos conversar con un hombre muy consciente y conocedor del momento actual que vive nuestro país y de lo que está en juego a nivel social.

Soy una persona que se siente confiada en el desarrollo de la vida y de los acontecimientos que nos acompañarán a partir de las próximas elecciones del día 11 de abril de 2021.  Es interesante lo que ocurrió con el estallido social. Hay un fenómeno y una consecuencia de este hecho que personalmente me gusta mucho.  El estallido permitió poner en primera línea algunos temas que hasta ese entonces solo se discutían en círculos cerrados de la clase política pero hoy la ciudadanía se involucra activamente y hace suyos esos temas. Esto es tremendamente positivo. Es muy valioso que hoy, la gente y en especial los jóvenes estudien estos temas y luchen activamente por la necesidad tremenda de dar protección a los derechos sociales y culturales, o por la necesidad de abarcar una mejor y mayor protección del medio ambiente en la Nueva Constitución, por la necesidad de reconocer nuevas formas de implementar energías renovables, etc. Hay varios otros ejes que podríamos mencionar. El tema es que hoy, los chilenos somos personas más informadas y conscientes de nuestra realidad y el proceso constituyente debe estar a la altura de las circunstancias. Esto quiere decir que quienes resulten electos como constituyentes deben entregar respuestas adecuadas a los requerimientos de la sociedad y velar por ese interés general”, nos dice el abogado.

Cuéntanos sobre tu trayectoria profesional y académica

Estudié Derecho en la Universidad de Chile, en Santiago, a principios de los 90. Luego, me titulé de abogado y más tarde cursé un Magíster y un Doctorado en Derecho (candidato) en la Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe, Argentina, que es la tercera universidad más grande y antigua de ese país. He realizado varios cursos de especialización. Sin duda que destacó por su importancia en mi vida profesional, un Diplomado de Derecho Administrativo y otro de Derecho Ambiental, ambos por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Cuando egresé de la universidad, realice mi tesis en Derecho de Aguas, gracias a los consejos de mi abuelo, también abogado, Rolando Paredes, quien me aconsejó alguna vez, entre conversaciones de tutor a aprendiz en esto de las leyes, que los temas vinculados al agua serían los temas del futuro. Y es que ya en ese tiempo, hace 25 años, había una falta de regulación en la materia, reflejada en una estructura estatal muy débil que continua hasta hoy. Bueno, seguí su sabio consejo y aquí estoy ahora.

Al inicio, recién titulado trabaje en Santiago en un estudio jurídico especializado en temas medioambientales. A ese lugar me llevó mi profesor de derecho minero de la Universidad. Posteriormente y por temas familiares regresé a Chillán y comencé a trabajar con mi abuelo. Unos años después y consecuente con mi carácter dinámico e inquieto, emprendí mi propio camino.

¿Cuándo nació De La Fuente Abogados Consultores?

Cuando comienza la Reforma Procesal Penal me adjudiqué la licitación de la Defensoría Penal Pública donde logramos ver más de 3.000 causas desde el 2006 hasta el 2010 en las comunas de San Carlos, Chillán y Bulnes. Esta experiencia, además de ayudarme a comprender la realidad social y los problemas de desigualdad de muchos habitantes de nuestra región, desde otro punto de vista me brindó una práctica muy acabada en materia penal. Así comenzó. Bueno, después fue avanzando el tiempo y debido a mi interés por retomar aquellas materias con las que di mis primeros pasos de abogado comencé a profundizar en temas de Derecho Público, aguas y de recursos naturales, lo que poco a poco me permitió ir direccionando mi estudio jurídico en lo que es hoy. Actualmente es una oficina de abogados especializada en Derecho Penal, pero también en áreas como el derecho de aguas, recursos naturales medio ambientales y Derecho Público.

Es interesante. ¿Tu experiencia profesional solo abarca el ejercicio libre de la profesión?

Mi profesión y experiencia, me llevaron después de casi 20 años en el mundo privado a colaborar en dos áreas públicas muy importantes. La primera el año 2013 como Coordinador Macro zonal Sur de la Comisión Nacional de Riego, donde estaba a cargo del fomento a las obras de riego y drenaje de toda la zona sur del país, desde Maule a Punta Arenas, así como a la generación de proyectos hídricos de envergadura, al análisis y escasez de recursos hídricos en el territorio, obras de riego y acumuladores, estudios de prefactibilidad de embalses, la priorización de estos en escenarios estratégicos. Además, pude participar como asesor legislativo del Ministerio de Agricultura en la reforma al Código de Aguas de 1981, lo que me llevó a exponer y participar en muchos foros, debates y seminarios tanto en la academia, como en el mundo agrícola y gremial. Todo lo anterior resultó una experiencia muy enriquecedora en lo profesional, pero también en lo personal. Conocí y trabajé con grandes personas y pude empaparme de la realidad en la que viven muchos agricultores de una vasta zona de nuestro país. Vi los problemas complejos que tiene nuestra región en lo que dice relación con la forma de uso, administración y distribución de las aguas, gran desafío para la Nueva Constitución. Debe ser una de nuestras prioridades idear un sistema eficiente de uso y distribución de este recurso natural que pertenece a la nación toda.

Luego, el 6 de septiembre del año 2018 con la instalación del Gobierno Regional de Ñuble, el Consejo Regional de la misma región me designó Secretario Ejecutivo de dicho Consejo. Este último es un órgano colegiado autónomo del ejecutivo, integrado por los consejeros regionales electos por voto popular en el que por medio de votación eligen a su secretario ejecutivo. El cargo de secretario ejecutivo es de carácter técnico-político y tiene bastante relevancia en el proceso de inversión regional, de las priorizaciones de los proyectos y su análisis técnico. Se trató de gran experiencia que me permitió transmitir mis conocimientos, preparar técnicamente a las personas y orientar en la instalación del Consejo Regional, que son quienes deciden la aprobación de la inversión en Ñuble.

Esto me dio una visión aún más acabada del proceso de regionalización. Hoy la actual carta fundamental señala que Chile es un país territorialmente descentralizado y que sus órganos deben propender al fortalecimiento de las regiones. Sin embargo, esto es letra muerta. Acá tenemos un tremendo desafío, pues a mi juicio nuestro país necesita crear la estructura para generar de una vez por todas, un proceso agresivo de descentralización político, administrativo e impositivo. Es sumamente importante que nuestro país propenda efectivamente a la descentralización, dotando de una verdadera autonomía a los gobiernos regionales y municipales.

ANÁLISIS DEL ESTALLIDO SOCIAL

Para Paulo De La Fuente, lo que pasó el 18 de octubre de 2019 es la unión de distintas fuerzas que simplemente explotaron.  “Me parece que lo que ocurrió en octubre es que la ciudadanía simplemente se hartó del abuso y reaccionó.  Se agotó de vivir en carne y hueso la desigualdad y de ver como la corrupción ya había prácticamente carcomido nuestras instituciones. Si a ello le sumamos el discurso simplista y sin contenido que ofrecen nuestros políticos en lo que dice relación con la forma de conducción de nuestro país, bueno…  todo calza y ese agotamiento convertido en estallido social en algún momento tenía que venir.

Los derechos sociales y culturales básicos de la gran mayoría de las personas en nuestro país no están debida o suficientemente garantizados. Muchos chilenos no viven felices, les cuesta llegar a fin de mes porque el sueldo no alcanza. Viven endeudados. Sus hijos no reciben una educación de calidad y su real acceso a una atención medica de calidad y expedita es muchas veces una ilusión.

Hay una tremenda desigualdad social en nuestro país y ese es en verdad nuestro gran problema y el motivo principal del descontento. Es una gran herida que nos ha dejado el crecimiento económico sostenido en estos 30 años. Pero no es el crecimiento el problema, todos los países deben crecer. El punto es que ese crecimiento debe ir acompañado de justicia social y equidad, de lo contrario no sirve de nada. Acá creo debe haber un cambio de pensamiento o paradigma, que de todas maneras y de manera irrefutable nuestra Nueva Constitución debe recoger.

Por otra parte, las instituciones que antes tenían credibilidad desde el punto de vista moral, como para algunos podría ser la Iglesia, se derrumbó. La corrupción se instaló en las Fuerzas Armadas y Carabineros.  Hoy la política atraviesa una profunda crisis, no solo por la falta de liderazgo, credibilidad y empatía con la ciudadanía y sus necesidades, sino por su falta de servicio y vocación, demostrada a través de actos mezquinos y carentes de toda transparencia, lo que ha traído como consecuencia que todas las instituciones que antes sustentaban al país, hoy se hayan derrumbado por sus irregularidades. 

Todo esto fue lo que impulsó a los chilenos a salir a las calles a manifestar su descontento, no solo propio, sino que fundamentalmente lo hizo para luchar por las nuevas generaciones y me parece muy bien que haya ocurrido. Esa es mi visión”.

LA EDUCACIÓN ES EL CAMINO

En la medida que avanzamos en la conversación, quisimos indagar con Paulo algunos temas de interés. Desde ya, nuestro entrevistado manifestó que “la llave que abre la puerta y nos permitirá lidiar con todos estos conflictos es mejorar la educación de nuestro país. Creo que durante estos años simplemente crecimos y lo hicimos sin igualdad. Hay una gran desigualdad entre los chilenos que desde luego es económica, pero por sobre todo es educacional. Y aquí creo está nuestro gran talón de Aquiles. Durante todo este tiempo y al alero de la Constitución de 1980, crecimos económicamente, sí, qué duda cabe, pero lo hicimos sin una educación de calidad, con una distancia social enorme, con diferencias evidentes entre la calidad de la educación pública y la privada. Tenemos que apuntar a esto porque este sí es un problema del cual derivan tantos otros, como la falta de oportunidades y con ello la delincuencia, la drogadicción.

Tenemos que repensar Chile, partiendo de lo básico: la educación y la cultura. La preocupación por mejorar la instrucción formal en los establecimientos educacionales públicos debe ser uno de los grandes ejes de este proceso constituyente y dentro de esta estructura, me parece que la educación preescolar y primaria debe estar en el centro de las prioridades.

La base del Nuevo Chile está en la formación de las nuevas generaciones y aquí sí quiero ser enfático en señalar que no solo se les debe entregar una instrucción formal de excelencia, sino que también, creo que es fundamental cambiar antiguas estructuras e impulsar en los niñas y niños  una educación basada en el autoconocimiento desde muy temprana edad de sus propias capacidades cabiéndole al Estado un rol fundamental,  pues debe propender a la potencialización máxima de dichas capacidades durante todo su camino escolar.

El aprendizaje sobre la base de gestión de proyectos y resolución de problemas, la innovación y el fomento del espíritu emprendedor son claves y son capacidades que debemos impulsar en los niños desde sus primeras etapas escolares. Una educación moderna que ponga énfasis en el desarrollo de habilidades blandas, a eso me refiero.

Además, pienso que es importante que nuestras nuevas generaciones puedan aprender a trabajar en equipo, a ser empáticos, que de verdad puedan aprender a convivir con diferencias; la tolerancia, el respeto por los demás son valores esenciales que hay que impulsar si queremos construir una sociedad más justa y por cierto educada en valores que ponen el centro en la persona humana.

Relacionado con educación se hace necesario también robustecer el área de las Ciencias y la Tecnología. La Nueva Constitución debe fijar los ejes que permitan, a través de las leyes de menor jerarquía fortalecer esta área, incentivando la investigación y la preparación de especialistas. Este año 2020 nos ha demostrado con creces que la ciencia está mucho más presente en nuestras vidas de lo que creíamos y que si no fuera por ella, el Coronavirus ya hubiese ganado la pelea. Es primordial encontrar caminos que permitan a Chile instalarse en América Latina como un país pionero en el desarrollo de la ciencia, la innovación y la tecnología.

¿Cuál es tu visión en relación a los temas medioambientales y cómo crees que la Nueva Constitución debiera abordarlos?

Hay distintas visiones que tratan de explicar qué es el medio ambiente y por qué debemos protegerlo. Algunas buscarán la protección del medio ambiente como un valor en sí mismo, otras visiones pondrán énfasis en el ser humano y otras establecerán que los valores protegidos deberán ser tanto los ambientales como la vida de los seres humanos y de las generaciones futuras. Ciertamente, de cara al proceso constituyente que se avecina, habrá que discutir qué concepción queremos plasmar en la Constitución, pero considero que cualquier reforma que queramos hacer en esta materia debe tener siempre en consideración que el derecho ambiental se vincula estrechamente con el desarrollo de los hombres y en ello radica su valor y su necesaria protección como bien jurídico. Desde este enfoque hablamos de un derecho humano de los llamados de “tercera generación” y ello es así porque crea un ecosistema que constituye la base para el desarrollo de factores físicos, químicos, biológicos (agua, aire, suelo, flora y fauna) y culturales (como la belleza escénica o la cosmovisión de los pueblos originarios) y a través de los cuales los hombres y la sociedad de la que forma parte puede desarrollarse en completa dignidad.

La tutela del medio ambiente es un tema de trascendencia vital para las futuras generaciones de nuestro país, si no velamos por una explotación racional y regulada de manera sustentable de nuestros recursos naturales podríamos caer en una crisis productiva de enormes consecuencias, debido a que aún somos un país que solo exporta materias primas como base de sustentación de nuestra economía, como es la producción del cobre, y exportación de frutas entre otras. Como vivimos de estas materias primas, debemos generar un régimen o gobernanza medio ambiental que involucre una adecuada regulación de los recursos naturales, el medio ambiente y su sostenibilidad en el tiempo, en perfecta armonía. Sin recursos naturales, con escasez de agua, sin un medio ambiente equilibrado, podemos generar índices de pobreza y desigualdad mayores a las existentes, y podemos generar una gran caída en la productividad y economía del país.

Ahora bien, de cara a un nuevo proceso constituyente, creo que no basta con precisar derechos ambientales en una Nueva Constitución para que estos sean cumplidos. La Nueva Constitución debería recoger una visión transversal en la protección al medio ambiente en la que estén presentes todos los ámbitos en lo que se desarrolla el país, a fin de transformar este derecho fundamental en algo que debe inspirar al actuar de todos los órganos del Estado. Se debe avanzar a una sociedad de equidad y con justicia socioambiental. En este sentido creo que sería útil incluir al medio ambiente en las bases de la institucionalidad, es decir, dentro de los primeros artículos de la Constitución que son los que establecen los valores fundamentales del Estado y a partir de los cuales se interpreta toda la Constitución, así le daríamos un alcance más amplio y significativo al deber del Estado de proteger el medio ambiente de manera sustentable.

Por otra parte, creo que el derecho a la propiedad tiene que estar limitado ante consideraciones ambientales, de manera real, no como esta hoy actualmente redactado en la Constitución. De hecho, en la actual Constitución está considerado que la ley pueda limitar el derecho de propiedad cuando este perjudica al medio ambiente. Sin embargo, tal cual está escrito el texto actualmente y los primeros artículos que permiten su interpretación, indudablemente hoy el derecho a la propiedad es más importante que otros derechos. Por ejemplo, el código de minería permite anteponer la propiedad por sobre el bien común. Es por ello que en Chile es posible instalar una mina al interior de un parque nacional.

Quizá uno de los temas más controversiales en los que se visualiza el enfrentamiento entre el derecho a la propiedad y el medio ambiente es justamente el agua, puesto que hoy la Constitución no establece, no asegura, el agua como un bien común o un bien nacional de uso público, no obstante serlo. Aunque hoy sí sea posible proponer en el Congreso un nuevo régimen jurídico para este recurso, esa discusión tiene un techo, tiene un límite, puesto que tal cual están establecidos en la Constitución, los derechos de agua están en manos de privados. La Constitución actual es así una piedra de tope para que reformas sustantivas en materia de agua no se puedan hacer.

Una cláusula que declare y reconozca el carácter colectivo y la propiedad para el Estado sobre el agua le deja posibilidad al legislador para que, si existen las mayorías necesarias, se pueda rediseñar el derecho de aguas. Lo anterior no implica quitarle los derechos de agua a sus propietarios actuales, pero sí significa que el Estado pueda hacer una gestión que permita que se dé lugar al derecho humano al agua y a la protección de los ecosistemas en armonía o inclusive con antelación a la distribución para usos productivos.

Debemos dar solución efectiva a la naturaleza jurídica de las aguas, como recurso humano vital para la subsistencia de Chile. El déficit normativo, regulatorio, de control y fiscalización son enormes, pero también el déficit estructural. La generación de grandes embalses, quedó abandonada por el Estado, dando paso a un sistema de gestión retrograda y divisionista entre Estado y conglomerados privados, donde los intereses político/ideológicos prevalecen a la hora de tomar decisiones para todos los chilenos.

Cuando se trata de recursos naturales, la propiedad debe mirarse desde el punto de vista de la función social que debemos cumplir como individuos de una comunidad. Insisto, no se trata de expropiar ni de privatizar, ese no es el fondo del tema, el fondo del tema es que tengamos aguas de todos y para todos y la garanticemos a las futuras generaciones.

Lo expuesto, se plasma en un nuevo rol del Estado en la política de recursos hídricos, donde la distribución y entrega de las aguas, sea regulada por este. El Estado debe volver a hacerse cargo de una vez por todas de la construcción de nuevos embalses para garantizar agua a todos en forma eficiente, y no depender de una concesión privada, que solo mire a las utilidades del proyecto. Eso a estas alturas del partido es impresentable en cualquier país moderno. Solo en Chile pasa. Hemos avanzado desde el año 1990 con la ley de bases de medio ambiente, pero tenemos un sistema de regulación de los recursos hídricos ineficiente y un déficit estructural enorme.

Cuando hago referencia a todos estos temas, no me refiero solo al agua, acorde a la actual visión que tiene el código de aguas chileno y su sistema o régimen privado de funcionamiento. Me refiero a los recursos hídricos como una matriz energética, productiva, económica y medio ambiental, potente en beneficio y servicio del ser humano, entendiendo el agua como un bien superior, de rango estratégico para la seguridad del país, y la estabilidad político-económica de Chile y los chilenos. En menester darle dar una visión antropocéntrica al agua como bien escaso y agotable.

Por último, Paulo de la Fuente asegura que una Nueva Constitución debería permitir una mayor participación de los ciudadanos en decisiones que implican cuestiones ambientales. Sostiene que una Nueva Constitución debe dejar abierta la puerta para que, si se producen consensos que vayan en una dirección más acorde a una justicia socioambiental, ese debate tenga posibilidades de avanzar.

Hoy la naturaleza está al servicio de la economía, pero con el cambio climático, la misma naturaleza nos está diciendo de manera muy decidida que eso tiene límites. Los informes del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) han recomendado favorecer las economías locales como una manera de emitir menos gases de efecto invernadero y recuperar ecosistemas que sean capaces, a su vez, de absorber emisiones.

En la práctica, la Nueva Constitución debe ser capaz de colocar los derechos medioambientales en un pie de igualdad respecto de los derechos económicos, Ello, en el entendido que queremos que esta sociedad se desarrolle, no en el entendido de que estos dos aspectos son incompatibles y se debe elegir a uno en pos del otro.

Respetar los límites de la naturaleza y ponerlos al centro del modelo de desarrollo del país es un proceso lento y complejo. Una Nueva Constitución, aunque no nos va a solucionar los problemas de un día para otro nos dará luces y un piso sobre el cual comenzar a trabajar y debemos aprovechar esta oportunidad histórica para dar un giro en esta materia.

Además del tema ambiental, claramente expuesto. ¿qué otros temas consideras relevantes y prioritarios desde tu óptica profesional?

Desde mi experiencia profesional en el sector público, no quiero dejar pasar la idea de que este proceso constituyente debe ser una instancia para sentar las bases de una reforma profunda en la Administración el Estado. Es de suma urgencia la modernización de la Administración del Estado a fin de contar con mecanismos y procedimientos modernos y transparentes de administración. Eso se traduciría en el ahorro y recuperación de 25 mil o 30 mil millones de dólares. Por eso la Nueva Constitución es muy importante ya que va a ser el marco estructural para ir haciendo hacia abajo los cambios legales que permitan crear esta nueva estructura.

Otro tema que creo debe ser modernizado, es el actual sistema judicial que tiene el país, se avanzó con la reforma procesal penal, laboral y de familia y con la digitalización de la tramitación de las causas, pero aún falta mucho por hacer. Me refiero a modernizar la estructura general de resolución de conflictos en áreas como la justicia civil, administrativa, medio ambiental y arbitral.

El sistema de nombramiento de notarios y conservadores de bienes raíces y el de jueces requieren profundos cambios.  Se requiere independencia política y de manera forma urgente. En el caso de los jueces, por ejemplo, soy partidario de crear en la Nueva Constitución un organismo que existe en muchos países, con buenos resultados, que se denomina “Consejo Nacional de la Magistratura”, que es un órgano autónomo e independiente, integrado generalmente por ex decanos de universidades, ex presidentes de colegios de abogados y otros integrantes que aseguren imparcialidad, que son quienes determinan el nombramiento de los jueces, asegurándose de mejor manera la independencia del Poder Judicial.

Ahora permíteme contar con tu opinión en relación al sistema de pensiones, pensando que eres una persona que en algún momento se va a jubilar

Si claro, aunque aún me falta para eso (risas). No soy especialista en esta materia, pero quizá no hay que serlo para darse cuenta que el sistema de pensiones actual ya no es sostenible en el tiempo. Se necesita un sistema que permita vivir dignamente a la persona en edad de no trabajar. Hoy no alcanza y creo que el sueldo mínimo (326 mil pesos) que aun considero poco, debería ser, al menos, la base para las pensiones en nuestro país.

Buena parte de nuestro crecimiento económico como país se ha sustentado en este sistema de pensiones, pero existe una enorme inequidad comparativa respecto de las utilidades y las pensiones mínimas que se están pagando. Ahora ¿podemos borrar el actual de pensiones por completo, de cuajo? yo creo que no, ya que eso significaría una crisis social, financiera y política muy grande. Creo sí que hay que hacer varios cambios importantes al sistema.

De partida, debemos insistir de cara a una Nueva Constitución en un eje que permita desarrollar una normativa que garantice un pilar mínimo de ingreso subsidiado por el Estado. Por otra parte, hay que tener presente que solo el 20 % del fondo del total de los 195.000 millones de dólares que este fondo posee se reinvierte en Chile. Por eso creo que un gran cambio en esta materia sería que toda empresa que sustente su capital con nuestros fondos debe reinvertir el 100 % de estos y sus ganancias en nuestro país para generar más riqueza y empleo.

El tema de las pérdidas, también debe revisarse. No es posible que seamos nosotros quienes asumamos las pérdidas de una gestión de fondos que, si bien son nuestros, no administramos. Se trata de empresas administradoras de nuestros fondos, ese es su trabajo y por ello es que deberían asumir dichas pérdidas.

Brevemente, tu visión sobre la equidad de género

Estoy de acuerdo con que haya mayor equidad y tiene que “equipararse la cancha” para que tantos hombres como mujeres puedan acceder en igualdad de condiciones. En ese sentido creo que nuestro país ha ido avanzando por un buen camino, pero aún falta mucho, se deben impulsar modificaciones legales básicas y elementales. Por ejemplo, hoy el sistema de pensiones y de salud para la mujer es más caro, lo que debe cambiar para avanzar en esa igualdad de condiciones, lo mismo en el acceso a trabajo y los sueldos.

Sin embargo, nuevamente llegamos a la misma raíz de todo, la educación, el respeto y la cultura. La equidad de género debe ser un valor que debe estar presente en la educación de las niñas y los niños desde sus primeras etapas escolares. Solo así creo podemos construir una sociedad más igualitaria.

Sin duda que la Convención Constitucional será una instancia trascendente para los destinos de nuestro país.  ¿Cuál es tu visión sobre esto?

Creo que es una instancia histórica. Una oportunidad irrepetible de poder forjar nuestros destinos sobre la base de nuestras propias creencias. Creo que lo importante y valioso de este momento es que todos nosotros escribiremos la Nueva Constitución. Su origen es sano y ella será fruto de un proceso democrático. Por eso creo que es muy importante que todos podamos sentir como propia esta Nueva Constitución. Creo, además, que deben ser electos personas con capacidades técnicas, pero también personas conocedoras de las distintas realidades de nuestro país. Se necesitan allí constituyentes que aporten desde sus respectivas veredas desde lo teórico, pero también desde lo práctico. También creo que es importante que vayan a la constituyente personas con vocación pública, que puedan dialogar, que no vayan a imponer posturas. Deben ser personas tolerantes, con capacidad de negociación y entendimiento. Los extremos me parece que acá no aportan. Se necesita llegar a acuerdos, a consensos.

Finalmente, no quiero dejar pasar la idea de que nuestro principal capital como país somos nosotros mismos. Nosotros somos quienes construimos día a día este país y por la misma razón es que nuestra Nueva Constitución debe plasmar una visión de futuro potente, basada en el ser humano como piedra angular en el desarrollo de este Nuevo Chile.

Yo soy un convencido de que nuestro país va a cambiar y va a mejorar, de manera paulatina, pero lo hará y todos tenemos el deber de contribuir a ello. Hay que ponerse de acuerdo porque este proceso constituyente es LA oportunidad que tenemos para establecer las bases de un país educado, que lidere en ciencias, innovación y tecnología, con un desarrollo económico sustentable y respetuoso del medio ambiente. Un país con una administración moderna igualitario e inclusivo, en el que todos podamos desarrollarnos y respetarnos.  Si no lo hacemos ahora, es probable que después sea muy tarde.

 

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