La protección de la infancia es tarea de todas las familias chilenas
Teresa Lara L. - Magíster en trabajo social
Hoy en día se habla mucho sobre el abandono en que se encuentran los niños y las niñas de nuestro país, abandono del Estado y las instituciones sociales, no obstante, la evidencia empírica nos lleva a profundizar sobre el tema, donde es posible observar instituciones sociales del mundo privado que colaboran con el Estado, que trabajan por el bienestar de los niños/as y sus familias, a través de la prestación de servicios a SENAME, atendiendo el 98% del total de los casos a nivel país. Tal es el caso de la Protectora de la Infancia, presente en Chile (en 7 regiones desde Llolleo a Ancud), de manera ininterrumpida, hace ya 125 años, en dos áreas de trabajo: la educacional y la social. Institución católica, sin fines de lucro, que nace tras un llamado en 1896 de renovar la sociedad abatida y empobrecida; padres con trabajos mal remunerados y mujeres madres jefas de hogar, niños en estado de profunda pobreza y desamparo, donde el alcoholismo y la escasez de educación era una determinante. Hoy la realidad social no dista mucho de esa época; niños, niñas y adolescentes, con vulneración de derechos, testigo de violencia intrafamiliar, negligencia, víctimas de maltrato psicológico y físico, entre otras vulneraciones de derecho que los afectan y que están vinculadas con su entorno familiar.
En este contexto, uno de los principales problemas que condicionan el aumento de la vulnerabilidad es el deterioro de salud y el aumento de frustraciones en las familias, cesantía, consumo de drogas y alcohol, junto con el maltrato infantil y la violencia hacia la mujer, condiciones que inciden en la aparición de otros problemas como la depresión, pero también por si solas, son eventos que deterioran de manera grave la convivencia familiar, validándose aún más hoy el maltrato como forma de normar a los hijos/as.
Actualmente, en los albores del siglo XXI, se evalúa que estos problemas afectan en su conjunto, al individuo, la familia, la comunidad y la sociedad de la cual forma parte; según un estudio realizado en Connecticut, EEUU, en el año 2001, se ha estimado que un solo caso de maltrato puede llegar a tener un costo económico para la sociedad de 35 millones de pesos al año.
Así, en el año 2008, Brandon & Thoburn plantean que frente a la magnitud de este problema no resulta suficiente apostar por el tratamiento de las secuelas asociadas; debe ponerse un especial énfasis en la prevención secundaria, es decir, interviniendo cuando existen señales que dan cuenta de dinámicas relacionales dañinas, antes de que el problema se vuelva crónico y severo.
En este escenario, la Protectora de la Infancia, crear un diseño unificado que conforma una línea de servicios, a través del programa “Viviendo en Familia”, que fue diseñado sobre la mejor evidencia internacional disponible en programas de intervención familiar integral y sobre los aprendizajes de los propios equipos, aplicando programas psicosociales.
Su implementación, desde el año 2007, ha seguido estándares rigurosos de calidad, planteando un diseño multicomponente, multidimensional y con una comprensión ecosistémica del maltrato infantil, que busca intervenir a nivel individual, familiar, grupal/red y comunidad, atendiendo a familias que presentan indicadores de maltrato infantil, negligencia y/o serios conflictos en su dinámica familiar y en el manejo de sus competencias parentales.
En nuestra región existen dos programas de La Protectora de la Infancia, que abarcan 3 comunas; Chillán, Coihueco y Pinto, donde en su conjunto se atienden a más de 260 niños/as y sus familias, de manera transversal, ya que a pesar de que la mayor incidencia pertenece al nivel socioeconómico medio bajo, también existe un porcentaje de familias de niveles altos en los que se presentan este tipo de problemáticas.
La finalidad de estos programas es contribuir a la protección y bienestar de los niños, niñas y adolescentes al interior de sus familias, para que: se desarrollen en un ambiente donde sus cuidadores (adulto que ejerce el rol parental en la familia) no ejerzan maltrato o negligencia hacia ellos. Con esto, se busca prevenir la cronificación de situaciones de riesgo y la innecesaria colocación de estos niños en sistemas de cuidados substitutos, fortaleciendo al mundo adulto (familia y comunidad) en su rol protector.
Todos somos garantes de derechos y debemos estar atentos y comprometidos a proteger y denunciar cuando hay vulneraciones, este llamado es a toda la sociedad, tanto al interior de las familias, como en el mundo educacional, de salud y el resto de las instituciones sociales.
Teresa Lara L.
Magíster en trabajo social
Diplomada en residencia y familia
Licenciada en trabajo social con mención en desarrollo local
Directora del PPF “Viviendo en Familia Chillán-Coihueco”
Docente Instituto Profesional Santo Tomás – Chillán
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